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En tiempos donde la seguridad vial se traduce vidas humanas, reputación y legalidad, dejar la velocidad al azar no es una opción. Hoy más que nunca, cumplir con la instalación del Sistema Limitador de Velocidad (SLV) no solo es un acto de responsabilidad empresarial, sino también una obligación legal vigente en Guatemala. Ignorarla puede costar más que una multa.

Aunque el Decreto 45-2016 del Congreso de la República fue emitido hace casi una década, durante años no se le dio continuidad. Ahora, las autoridades están decididas a hacer cumplir esta norma sin excepciones. 

De la mano del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la Dirección General de Transportes (DGT) y la Dirección General de Protección Vial (Provial), el cumplimiento de esta disposición se convierte en parte esencial del #PlanConecta2025, una estrategia nacional para reducir los accidentes viales. 

La normativa establece que todos los vehículos de transporte colectivo de pasajeros y de carga deben contar con un mecanismo que limite su velocidad, como una medida clave para prevenir accidentes, salvar vidas y reforzar la seguridad en las carreteras.

¿Por qué debería importarle a su empresa?
• Porque la vida de sus colaboradores y terceros está en juego.
• Porque una empresa responsable cumple con la ley y reduce sus riesgos legales y financieros.
• Porque el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes con consecuencias graves, que afectan no solo a las víctimas, sino a la reputación y sostenibilidad de su negocio.

¿Qué debe hacer para instalar un SLV?
Cumplir con la normativa es un proceso claro, ágil y con respaldo técnico. Así es como funciona:
1. Contacte a una empresa autorizada: Consulte el listado oficial en www.provial.gob.gt. Solo empresas certificadas pueden realizar la instalación del SLV.
2. Evaluación técnica: el proveedor evaluará el modelo y condiciones del vehículo para determinar si el SLV debe ser manual o electrónico.
3. Instalación y prueba de manejo: una vez instalado, se realiza una prueba de conducción para verificar el correcto funcionamiento del dispositivo.
4. Gestión del certificado: la empresa autorizada solicita a Provial el Código Correlativo por placa, emite una declaración jurada y coordina el refrendo con Tránsito de la PNC.
5. Entrega del certificado: el empresario recibe el documento que respalda el cumplimiento legal, con copia a Provial.

Invertir en seguridad vial no es un gasto, es una decisión estratégica.

Como empresario, tienes el poder de transformar tus unidades de transporte en vehículos más seguros y confiables, alineados con la normativa vigente y con los valores de una empresa comprometida con el país.

No esperes sanciones para actuar. Hoy, la ley exige frenar a tiempo. Y con el SLV, su empresa puede conducir hacia un futuro más seguro, legal y responsable.